Concertación, Sectorización y Regionalización

El Plan de la Nación es el instrumento fundamental para organizar el desempeño de la acción del Estado Venezolano en función de alcanzar los grandes objetivos contenidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional, 2000). En la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Planificación establecido desde el año 2001, el Plan de la Nación es el documento oficial de mayor rango después de la Constitución Nacional. Como herramienta de planificación es de imperativo cumplimiento para todas las instituciones, instancias y niveles de la administración pública centralizada y descentralizada; mientras que es sólo de carácter indicativo para el sector privado, el cual es libre de asumir las orientaciones que contiene este Plan Nacional. Todas las instituciones del sector público deben adaptar sus planes y programas para contribuir en sinergia al logro de los objetivos y metas establecidos en este documento, instrumento de planificación, cuyo nombre formales Lineamientos Generales del Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. Entre las instituciones que deben adecuar sus planes particulares, objetivos y metas acorde con este Plan Nacional están las Universidades.

Sectorización

Se ha definido un gobierno democrático, participativo, protagónico y federal, que articula sus políticas públicas nacionales, regionales y locales, en cada uno de los ámbitos geopolíticos de su competencia, en una unidad de propósito entre el estado y la sociedad. La democracia planteada así, en términos de distribución del poder, es un ante que requiere de las herramientas propias de la planificación estratégica para indicar la dirección del desarrollo, desde la escala local, sin desprenderse de los propósitos generales del estado.

Planificación estratégicas esta fundada en la organización y participación social, para construcción del desarrollo armónico y equilibrado, en un marco de realidades muy concretas. La estrategia de desarrollo local de un municipio, se basa en el establecimiento de una relación sistemática y dialéctica entre el todo y las partes, entre lo macro y lo microeconomico, entre lo político y económico – social, entre lo nacional y lo local.

Tal como lo expresa el Artículo 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Planificación, el Consejo Local de Planificación Pública, es la instancia encargada de promover la participación organizada de la población en los procesos de planificación participativa a ser desarrollados a nivel de Municipio, donde el Alcalde o Alcaldesa tienen la responsabilidad de formular el plan de Desarrollo Municipal, en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública.

Es importante resaltar, que por primera vez en Venezuela, se dispone de una Ley Orgánica de Planificación, la cual permite estructurar el Sistema Nacional de Planificación, integrando los diferentes niveles de planificación asociados a las instancias de gobierno nacional, estatal y municipal, así como la participación organizada de la población en la formulación, ejecución, seguimiento y control de los programas y proyectos a ser financiados con recursos públicos, a través del Consejo Federal de Gobierno, los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y los Consejos Locales de Planificación Pública

La Regionalización en Venezuela

Lo que ha sucedido hasta ahora con el proceso de regionalización constituye un importante problema del país. El gobierno en cuyas cúpulas hay claras reservas respecto a la descentralización, el cual no se opone frontalmente a ésta pero expresa ideas altamente restrictivas y asume comportamientos en trabadores.

Hay tres aspectos que debemos tomar en cuenta acerca de la regionalización: La necesidad de descentralizar el poder, hacer una comparación acerca de la teoría y la práctica de la misma y de lo que debe hacerse de aquí en adelante.

Para estos momentos es imprescindible que se cumpla un exitoso proceso de descentralización para de esta forma hacer eficiente la acción del estado como agente del crecimiento económico sostenido y con progresivo mejoramiento de la situación social de la mayoría, para lograr eficiencia técnica y justicia distributiva en la prestación de servicios educativos, de salud y de seguridad para las personas, así como en la difusión social de la cultura y para impulsar una amplia distribución geográfica de todas las actividades que concurren a la determinación del desarrollo integral, en condiciones de equidad social creciente entre otras.

No podemos decir que con la descentralización se puede lograr todo lo antes mencionado, ya que por su naturaleza los problemas fundamentales que sufre Venezuela son del país en su totalidad y no como una suma de sus partes. La existencia de los mismos determina una transformación a escala de la sociedad, y el hecho de la descentralización no puede ser clave para que ello se produzca.

Sin embargo, este proceso con una acertada concepción y una correcta realización sería un aspecto importante del cambio institucional requerido. Entre los aspectos que debemos de tomar en cuenta para que esto ocurra, están los siguientes: Debemos definir una política sólida y de largo plazo hacia donde queremos dirigir este proceso de desarrollo, Áreas de la reforma a efectuar y contenidos de ésta, Objetivos, Líneas de Acción; también debemos definir un programa en donde marquemos las metas a las que queremos llegar y su distribución en el tiempo, la preparación necesaria, las acciones del gobierno central y de los gobiernos estadales y municipales, los cuales deben constituir un conjunto aceptablemente armónico, y en donde se definan las acciones que deben cumplir las organizaciones y las instituciones de la sociedad civil; también debemos establecer una normativa jurídica en donde se introduzcan reformas indispensables en la constitución vigente, aprobar leyes nacionales especiales y reforma de leyes existentes, aprobar reformas en las constituciones estadales especiales y reforma de leyes estadales existentes.

Estos requerimientos antes mencionados para una acertada concepción de la descentralización y una efectiva realización de la misma no han sido satisfechos, ni siquiera en una medida medianamente aceptable. Que esto sucediera tiene mucha relación con el hecho de que el inicio de ese proceso no fuera el resultado de un movimiento nacional de lucha por la reforma democrática y racionalizadora del estado. Del descontento se generaban aspiraciones y exigencias de reforma las cuales, desde luego, tenían grados distintos de claridad conceptual; de esta manera se creo un clima que facilitaba la adopción de medidas para la descentralización, pero no se estableció una gran dirección de la acción que debía efectuarse para llevarla a cabo eficientemente.

Todo lo anteriormente señalado pertenece al reglón teórico de lo que es la descentralización o regionalización. Queda por analizar la otra cara de lo que ha sido el proceso.

Lo que ha ocurrido con el proceso de regionalización dista mucho de lo que en teoría debe ser sobre todo en el área de los servicios y principalmente en el de la salud la cual se ha convertido en uno de los principales campos para la exaltación y aprovechamiento personal de unos pocos. Esto ha ocurrido ya que la descentralización ha resultado como un estímulo para la continuación y diversificación de viejos males de la política.

Existen graves carencias del poder central las cuales constituyen otro factor importante para que en el proceso no abunden los buenos resultados, abunden muchas deficiencias y se haya logrado hacer mucho menos de lo que estaba planteado.

A partir de aquí es cuando debemos decir que la teoría del proceso debe ser replanteada para impulsarla a un mejor nivel y de esta manera sacar a relucir todos sus aspectos positivos. Este replanteamiento se puede basar en descentralizar las instituciones del estado de manera que contribuyan a que el país tenga un desarrollo global, cuyos frutos se distribuyan en términos de igualdad social y de progresiva igualdad en las oportunidades para el desarrollo de las distintas áreas geográficas.

En general, el plan de desarrollo regional sería cubierto en dos etapas: y sobre ellas, en el Plan de la Nación se expresa lo que textualmente se copia a continuación: “Durante la primera etapa la actividad fundamental sería abocarse a vencer las limitaciones informativas, culturales e institucionales antes descritas... La segunda etapa, será asignada por tareas específicas de la técnica de zonificación, tales como programación de “polos” de desarrollo, de “empresas motrices”, de desarrollo agro - industrial coordinado, de financiamiento bajo nuevas normas, de mercadeo, etc.”.

No es necesario explicar en detalle la importancia de la planificación regional para América Latina. La realidad de las condiciones económicas y sociales imperantes requiere un desarrollo rápido y comprensivo; es decir, un desarrollo no sólo de algunos elementos sino de todos los aspectos de producción, así como un levantamiento de los niveles de vida de la clase trabajadora, tanto rural como urbana. En este sentido, casi todos los países ya tienen grupos trabajando oficialmente en proyectos regionales de desarrollo.

Hay entonces una necesidad urgente del establecimiento de criterios para la regionalización de América Latina, en general, para fines de la planeación económica, y del uso de estos criterios para la identificación de delimitación de las regiones y sub - regiones respectivas en cada país.

El desarrollo económico territorial de un país depende de los recursos y posibilidades naturales que el hombre pone en rendimiento. La división político - administrativa del territorio no influye, al menos que no existan intervenciones fiscales en los límites de las diversas intervenciones internas, en el desarrollo de la economía. Por su parte, las nacionalidades han de procurar planificar su economía en concordancia con la de las nacionalidades que con ellas colindan, pertenezcan o no, al mismo estado.

Se ha de aceptar que la división territorial de Venezuela en muchos casos, no responde a las realidades geográficas más notorias y más influentes en el desarrollo económico y en la ubicación de la población. El argumento es poderoso y se han de tomar en cuenta en toda discusión que se pueda suscitar sobre la conveniencia de modificar la división política - territorial vigente.

Si se desea desarrollar la economía en forma extensiva en todo el territorio nacional, buscando de acercarse lo más posible al equilibrio humano - económico en todo el país, se impone la planificación económica partiendo de las zonas económicas.

Cada zona corresponde a un tipo de economía más o menos compleja, pero propia. Los hombres que habitan cada zona tienen si más no, un conocimiento empírico de las peculiaridades de la economía zonal y éstas moldean su tipo de vida.

Si se conocen los aspectos básicos socio - económica de una zona puede hacerse, con conocimiento de causa, la correspondiente planificación de su economía y de sus servicios con el objeto de mejorar a corto plazo, el sistema de vida de sus habitantes. Se podría añadir que una zona donde una planificación socio - económica esté en marcha, atraerá juventud de las grandes ciudades del país donde las posibilidades de prosperar y destacarse se hacen cada día más difíciles.

Referencia: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información